En fecha 13 de mayo de 2026 fue publicada la STS 340/2026 (Sala de lo Penal) en la cual se delimitan los estándares probatorios que son necesarios para condenar por los delitos de blanqueo de capitales o de receptación.
El caso enjuiciado trataba sobre los bienes muebles e inmuebles que los implicados movían en actividades comerciales y que provenían de las actividades ilícitas del narcotráfico que desarrollaban. En muchas ocasiones también implicaban a familiares y amigos (testaferros) a los que entregaban la titularidad de los mismos.
Si bien, cabe mencionar que el tribunal menciona que la presunción de inocencia no puede ser decaída salvo que disponga de (se citan literalmente de la sentencia):
- “Prueba de cargo
- Pruebas válidas
- Pruebas revestidas de las necesarias garantías
- Pruebas que sean referidas a todos los elementos esenciales del delito y
- Pruebas por las que quepa inferir razonable y concluyentemente los hechos y la participación del acusado, sin existir quiebras lógicas y sin necesidad de suposiciones frágiles en exceso.”
Lo que se menciona a continuación podrían ser los 3 puntos más relevantes de la sentencia:
- El alcance del dolo y el dolo eventual.
En este punto, la sentencia indica que no es necesario tener la certeza absoluta de que el sujeto llegara a conocer al detalle la infracción previa, es decir, bastaría que existiera solo una prueba indiciaria que permitiera concluir, sin margen alguno de duda razonable, el elemento subjetivo del tipo. Esto quiere decir que, si bien, no se requiere que tenga el conocimiento certero de la procedencia ilícita de su origen, sí que tuviera una prueba indiciaria que no produjera duda alguna de ella, y que actuara con total indiferencia (lo que conllevaría el dolo eventual).
- Falta de acreditación exhaustiva del delito previo.
No es necesario probar con minuciosidad todos los datos concretos del delito antecedente (por ej. La identidad del autor material, la fecha concreta, o el lugar donde se produjo), siempre que quede acreditado su origen ilícito.
- La diferenciación entre la investigación y la condena.
Es decir, la fase de investigación puede ser abierta con la mera posesión de bienes que no disponen de un soporte documental sobre su origen o que no sea posible explicarlo. No obstante, la sospecha de un patrimonio con origen ilícito no invierte la carga de la prueba ni destruye por sí sola la presunción de inocencia. Para ello, es necesario aportar prueba suficiente que afecten a todos los elementos típicos del delito.
Cabe mencionar a modo de recordatorio, que el delito de blanqueo de capitales (art. 301CP) está formado por 3 fases, siendo estas la colocación de los capitales en el mercado tras obtenerlos de las actividades ilícitas, el uso de la técnica de la distracción del origen ilícito (por ej. derivar ese dinero entre diferentes personas jurídicas ficticias), y la reintegración a su origen desde donde partió.
En definitiva, la sentencia consolida como pieza doctrinal clave la armonización de la eficacia en la persecución de la delincuencia patrimonial a través del rigor de las garantías procesales, perfilando el dolo eventual en el origen ilícito de los bienes y prohibir la inversión de la carga probatoria si únicamente existe una mera sospecha económica, protegiendo así el derecho a la presunción de inocencia, y exigiendo así indicios sólidos para fundamentar una condena.
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